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La extradición de una persona es solicitada por el país que requiere la presencia de la persona para ser juzgada o para cumplir una condena.
Dicho instrumento jurídico deberá tomar en cuenta las contribuciones de las Convención de Montevideo de 1933, y superar el fracaso de la Convención de Caracas de 1981. La adopción de una nueva convención de extradición implica un arduo proceso de negociación y trabajo que debe ser promovido por uno o varios Estados con capacidad de liderazgo en la región. De acuerdo, con la autora, México debe recuperar su papel de liderazgo y prestigio internacionales en la OEA y otros foros mundiales, a fin de impulsar la creación de normas uniformes en materia de extradición en el continente americano.
Esta solicitud debe contener información detallada sobre la persona buscada, incluyendo su nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, lugar de residencia y el delito por el cual se le acusa o se le ha condenado.
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A pesar del cada vez mayor reconocimiento y aceptación del principio de jurisdicción common, los Estados aún son reticentes a aplicarlo, debido a que ponen sus intereses soberanos por encima de los de la justicia. Como sostiene la autora, "la evolución para lograr la asimilación del principio de la justicia universal marcha con lentitud a pesar de los signos positivos que ha demostrado México" y otros países latinoamericanos, en contraposición al caso español, en el cual la legislación nacional y los tratados en materia de extradición celebrado por este país, ya contemplan dicho principio.
En aquella oportunidad, ambos países acordaron crear una comisión para analizar la posible extradición de Cassez a Francia mediante el convenio de Estrasburgo para el traslado de personas sentenciadas.
La falta de tratado de extradición significa que dos países no tienen un acuerdo official que permita la entrega de personas buscadas por la justicia en uno de los países.
Para que se pueda llevar a cabo una extradición en México, deben cumplirse una serie de requisitos, como los have a peek at this web-site siguientes: Que la persona solicitada se encuentre en el territorio mexicano
Además, aborda las figuras jurídicas del orden público y el fraude a la ley, ampliamente estudiadas por el DIPr, a fin de establecer, para el caso de la primera, los límites que tiene un Estado para obsequiar o denegar una solicitud de extradición, y para el caso de la segunda, la forma artificiosa en que los Estados o el propio reclamado pueden modificar los puntos de contacto o conexión aplicables al procedimiento de extradición, con el fin de obtener beneficios particulares que se traduzcan en el obsequio o rechazo de la petición de extradición.
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En esta etapa, también se lleva a cabo la audiencia de admisibilidad, en la cual el juez de distrito analiza la solicitud de extradición y escucha los argumentos de la defensa y del Ministerio Público. Etapa de resolución
Si el tribunal decide a favor del Estado solicitante, el solicitante debe ser entregado al Estado solicitante. Si el tribunal no emite una decisión final dentro de los plazos establecidos en el Convenio, el Estado receptor debe proceder con la Check This Out entrega de la persona solicitada al Estado solicitante.
Finalmente, en una tercera parte del capítulo segundo, la autora aborda el tema de la extradición de nacionales; tópico sumamente debatido en el que existen dos posiciones predominantes: la de los países de tradición jurídica anglosajona o Prevalent Law, que permiten la extradición de nacionales y la de los países de extracción jurídica romano&#one hundred fifty;germánica o Civil Law Check This Out que, por largo tiempo, han rechazado la posibilidad de extraditar a sus nacionales. Estas posiciones encontradas han sido una de las principales razones para que no se haya llegado a una verdadera uniformidad en las normas que regulan la extradición.
Pero las autoridades mexicanas se negaron a cumplir el convenio al que se habían adherido dos años antes.
Si la corte mexicana determina que la evidencia es suficiente y que el delito por el cual se le acusa o se le ha condenado es un delito extraditable según el tratado de extradición, se puede autorizar la extradición.